A las personas de izquierda se nos tacha con frecuencia de utópicas. La expresión no se utiliza en relación a la hermosa definición de la palabra utopía sino que muy a menudo destila un tono acusatorio, reprobatorio o incluso despreciativo. La causa es que desde la izquierda se ofrecen propuestas que chocan con la unilateralidad del pensamiento único, con lo que usualmente se considera el “orden natural” de las cosas. Lo natural en nuestra sociedad es aquello que creemos que ha sucedido siempre, fenómenos tales como la pobreza, la desigualdad entre clases sociales, la desigualdad entre hombres y mujeres, la heterosexualidad hegemónica, etc. Y, sin embargo, ¿quién sino la izquierda ha logrado subvertir los conceptos y las políticas derivadas para avanzar en enormes cambios sociales? ¿Quién hubiera imaginado el concepto de igualdad en sociedades desiguales desde tiempos inmemoriales, quién ha diseñado leyes a favor de las mujeres para lograr la igualdad, quién hubiera soñado siquiera con un matrimonio para las personas homosexuales, quién hubiera puesto las bases filosóficas y políticas para la desaparición de la pobreza?
Con las políticas de rentas ocurre exactamente el mismo fenómeno. Dotar a la población trabajadora de recursos suficientes para garantizar su autonomía choca frontalmente con los intereses de los grupos de poder, quienes tienen muy claro el objetivo de ganar a cualquier precio sin importar demasiado las condiciones a que quedan sometidos los demás debido a sus ímprobas ganancias. De modo que se esgrime el argumento de “utópicas” para las personas que defendemos una renta que garantice el derecho a la existencia de los seres humanos por el solo hecho de serlo, con la intención de deslegitimar y neutralizar nuestras argumentaciones. No obstante, las rentas que las políticas progresistas han ido implantando en nuestro país (subsidio de desempleo, renta mínima de inserción, renta de suficiencia) han mostrado su capacidad de preservar, al menos, de situaciones de extrema pobreza a las personas con menos recursos y mantener un mínimo de cohesión social que la retirada de esas políticas en estos momentos está destruyendo.
Las autoras de este artículo defendemos la necesidad y viabilidad de una renta básica de ciudadanía, una renta universal que, como el resto de servicios universales que han aplicado las sociedades socialdemócratas, dote a nuestro país de un verdadero estado del bienestar. Es por ello que vemos con simpatía la reclamación de una renta garantizada de ciudadanía (RGC) que, sin alcanzar los beneficios que una renta universal aportaría, no deja de ser un paso importante en la erradicación de la pobreza en nuestro país.
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA
El Estado español es el segundo país de la zona euro con personas en riesgo de exclusión social o de pobreza, tan solo superado por Grecia. La Comisión Europea considera que este tipo de situación se da en tres casos fundamentalmente: cuando no se alcanza un nivel mínimo de ingresos pese a haber recibido todas las transferencias del Estado (subvenciones o ayudas), cuando el desempleo de larga duración se convierte en estructural en gran parte de los miembros de la familia y cuando existe un riesgo de privación material severa (por ejemplo, no poder pagar las facturas o no poder mantener la calefacción en el hogar).
Tal vez conviene recordar que la exclusión social no es un proceso inevitable sino que es el resultado de determinadas políticas que conducen a un proceso de segregación social de la que son víctimas algunas personas y grupos sociales. Se trata de un fenómeno inherente al sistema económico y social del capitalismo que va más lejos del concepto clásico de pobreza ya que las desigualdades que generan exclusión son diversas (no se trata sólo de la diferencia en los recursos económicos) y se alimentan las unas a las otras, como podemos comprobar en la estrecha relación entre la precariedad laboral o el desempleo y la dificultad de acceder a una vivienda y viceversa, por poner un ejemplo (Subirats, 2004). Las desigualdades generadas por esta segregación social se originan, principalmente, por una distribución desigual del trabajo y los recursos económicos, a partir de la redistribución que hacen los gobiernos después de la recaudación de impuestos y su dedicación a prestaciones sociales y servicios públicos. No podemos olvidar tampoco las elecciones interesadas de los gobiernos en cuanto a grupos de privilegiar con sus políticas económicas, opciones que no suelen designar a las personas con más dificultades ni a los grupos sociales a los que éstas pertenecen, obviamente. En este contexto, es importante señalar que las políticas de rentas que defendemos en este artículo no pueden por sí solas, de manera aislada, producir una igualación significativa de los recursos de las personas ni erradicar las desigualdades (y aún menos una renta garantizada por sí misma) pero sí son paliativas y a menudo preventivas de algunos de los temibles efectos de la desigualdad.
La precariedad laboral, el menor poder adquisitivo, la mayor asunción de las responsabilidades familiares y el escaso acceso a cargos de decisión hace de las mujeres un grupo social (utilizaremos este término a efectos de inteligibilidad, a pesar de que las mujeres son más de la mitad de la población) que acumula más factores de exclusión social, independientemente de su intensidad. Como señala la ONU en sus informes, la pobreza es femenina ya que siete de cada diez pobres que hay en el mundo son mujeres. El género resulta, por tanto, determinante, a la hora de hablar de la exclusión social ya que es un elemento estructurador de la sociedad en todos sus ámbitos: económico, social, religioso y político.
A todo ello debemos añadir la falta de desarrollo de los derechos amparados por la legislación. Las políticas de mujeres se han desarrollado de forma desigual en el territorio del estado español, se ha tardado años en tener una legislación específica que permitiera desarrollar los derechos básicos y no se ha aplicado con igual decisión en las diferentes comunidades autónomas (y nacionalidades históricas) y, una vez hemos tenido instrumentos válidos para tirar adelante, con decisión, estas políticas, nos encontramos en una situación de recortes de derechos y políticas que nos sitúan, de nuevo, como ciudadanas de segunda, incapaces de tomar decisiones por nosotras mismas si no es con la mediación del estado (como pasa con el tema del derecho al propio cuerpo). La marcha atrás de las políticas de mujeres profundiza mucho más en las desigualdades de base.
Cataluña no es una excepción en este análisis. En nuestro país más de una cuarta parte de la población está ya instalada en la pobreza, y esta cifra va, lamentablemente, avanzando. Además, el riesgo de pobreza (o situación de pobreza) tiene más incidencia entre mujeres (43,5%) que entre hombres (39,8%) y muy especialmente cuando las mujeres tienen más de 65 años, etapa en que aumenta muy significativamente. Además de las mujeres mayores, el siguiente colectivo con más riesgo de pobreza y vulnerabilidad es el de las mujeres que encabezan familias monoparentales con hijos e hijas a su cargo u otras personas dependientes, que suponen un 48% del total.
Tampoco en las condiciones laborales las mujeres salen mejor paradas. La brecha salarial afecta en el nuestro país a las mujeres con una diferencia de 19 puntos porcentuales de media, en todos los estratos sociales y económicos; es decir, las mujeres siempre cobran menos que los hombres, sean cajeras en un supermercado o directivas en una gran empresa. Por otra parte, más del 80% de los contratos definidos como a tiempo parcial están destinados a mujeres, con la disminución de sueldo y prestaciones sociales que comportan. Tampoco ayuda el hecho de que las mujeres se concentren en un abanico reducido de profesiones (aquellas que se llaman profesiones feminizadas) con menor prestigio, reconocimiento y menores sueldos, situación que contribuye a su menor nivel adquisitivo y, en consecuencia, a un mayor riesgo de pobreza.
Otros aspectos que también influyen en su nivel de vulnerabilidad social son la falta de reconocimiento económico y social del trabajo doméstico y de cuidado que ellas realizan de forma abrumadoramente mayoritaria, la falta de antigüedad en los lugares de trabajo (un 23% de les dones llevan menos de un año en su trabajo actual) o sus dificultades para alcanzar puestos de decisión (sólo hay un 12% de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas).
Por todas estas circunstancias, tal como señala la filósofa Marta Nussbaum, es necesario aplicar las teorías de la justicia, con frecuencia demasiado abstractas, al mundo concreto y a sus necesidades más urgentes, intentando evitar las formas más graves de vulnerabilidad. Es desde esta perspectiva desde la que pensamos que una Renta Garantizada de Ciudadanía puede contribuir a disminuir los efectos de la precaria situación laboral y social en que se encuentran las mujeres con menos recursos y reducir, en consecuencia, un nivel de pobreza que a día de hoy resulta intolerable en nuestra sociedad.
RECORTES EN EL ESTADO DEL BIENESTAR
Las mujeres somos las grandes afectadas por los recortes, ya que no sólo se recortan nuestros derechos sino también aquellos servicios públicos que nos proporcionaba el incipiente Estado Catalán del Bienestar y que nos permitía optar a una vida con una cierta libertad de opción. Una libertad que contenía límites claros debido a que las políticas de igualdad de oportunidades, a pesar de los avances, todavía no habían consolidado sus objetivos.
De hecho, las políticas de mujeres y la legislación que desarrollaba lo que nuestras leyes básicas (Estatuto y Constitución) recogen: el derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación, están todavía en su infancia a la hora de conseguir sus objetivos. Apenas llevamos 20 años comenzando (primero tímidamente y luego de forma más audaz) a desarrollar los derechos reales de las mujeres, los derechos reivindicados y los que abren la puerta para opciones libres, intentando romper los límites sociales, económicos, políticos que el patriarcado y el capitalismo nos imponen. Son límites casi imperceptibles para muchos y de una cotidianidad espeluznante para la mayoría.
Esta cotidianidad y naturalización nos ha llevado a un mercado de trabajo claramente segregado. Las mujeres accedemos, de forma general y mayoritaria, a puestos laborales que significan una extensión de nuestro trabajo en el ámbito familiar: el cuidado y atención a las personas. Desde la trabajadora familiar hasta la catedrática universitaria, de forma general nuestro papel laboral está claramente dirigido a atender, educar, cuidar, curar… los sectores donde tenemos una presencia más clara son: educación, salud y servicios sociales. Sigue habiendo sectores donde nos es vetado claramente el acceso, las profesiones altamente masculinizadas con una presencia simbólica o inexistente de mujeres y con dificultades sociales, económicas y técnicas para acceder.
Este hecho en sí mismo no sería negativo si no fuera acompañado de una jerarquía en el valor del trabajo, lo ligado al “mundo femenino” y, por tanto, al ámbito privado, al rol social que nos otorga el patriarcado, donde los valores masculinos, del “mundo masculino”, a medida del hombre tiene un valor absoluto. Por tanto, a pesar de ser imprescindibles para el funcionamiento social y el sostenimiento de la vida, los “trabajos femeninos” tienen menos valor en el mercado laboral, al tiempo que el cuidado y atención de las personas en el ámbito privado y la familia no tienen valor social ni económico.
La base de la desigualdad en el mercado laboral es el rol atribuido a las mujeres en el ámbito del cuidado de las personas y el trabajo doméstico que se ha traducido en una dicotomía social: trabajo asalariado vs. trabajo doméstico. Esta sociedad nos atribuye a las mujeres, como un hecho normal y de índole natural, el trabajo asociado al cuidado, educación y desarrollo de las personas de nuestro entorno, siempre de forma altruista y entregada y sin un valor económico.
En momentos de crisis, “lo natural” pues, es volver al sitio que la sociedad nos atribuye, al ámbito privado, donde se invisibiliza nuestra aportación social y económica. Estudios económicos dan un valor económico al trabajo doméstico, como el publicado en Catalunya por el Institut Català de les Dones, realizados antes de esta recesión económica, evidencian que el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados, diariamente, es del 68¿8% mientras que los hombres dedican el 66¿6% al trabajo de mercado y este porcentaje es mayor durante la edad adulta –la edad de promoción profesional en el mercado de trabajo–. Según el citado estudio, “El valor monetario de la producción doméstica de Catalunya en el año 2001 según el método basado en el input fue de 73.850,40 MEUR”. Así pues estamos hablando de la columna vertebral del Estado del Bienestar que se acomoda en las espaldas de las mujeres.
EL HARTAZGO DE LA SOCIEDAD CIVIL: NUEVAS PROPUESTAS
Hace unos meses diferentes personas y entidades de diversos ámbitos de trabajo y sensibilidades han estado trabajando en el contenido y la puesta en marcha de una nueva iniciativa legislativa popular: La Renta Garantizada Ciudadana.
La Renta Garantizada Ciudadana (en adelante RGC) es una prestación económica para asegurar que todo el mundo tenga unos ingresos económicos por encima del umbral de la pobreza. No se trata, por tanto, de una renta incondicional ni universal, sino que está condicionada al hecho de no disponer de ingresos económicos superiores a los mínimos garantizados para vivir.
La propuesta desarrolla el artículo 24.3 del Estatut de Catalunya, (un estatut refrendado el 2006 por la ciudadanía de Catalunya). En los 6 años de vigencia del estatut, ni el Govern ni el Parlament han desarrollado la propuesta, mientras se desarrollaba una crisis que está afectando de forma grave a la población, tal como hemos ido desgranando en párrafos anteriores. Dicho artículo recoge que “las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada Ciudadana que les garantice una vida digna” y en este sentido, la comisión promotora de la ILP ha desarrollado una propuesta que recoge:
– el derecho subjetivo de la renta (RGC).
– el carácter incondicional de la RGC, derecho universal de todos los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, no condicionado a disponibilidades presupuestarias ni a la obligación de participar en acciones de inserción social y laboral.
– la cuantía (7.967,7 € al año).
– el carácter indefinido para las personas en situación de pobreza.
– los requisitos para acceder a la RGC (residencia legal, mayoría de edad, situación económica…)
BENEFICIOS DE UNA RGC PARA LAS MUJERES
La RGC tendría unos efectos favorables para todos aquellos colectivos afectados por situaciones de pobreza, precariedad laboral y desempleo, en definitiva para todos aquellos que viven en una situación de gran inseguridad económica y vital. De acuerdo a los análisis realizados anteriormente parece evidente que las mujeres, simplemente por el hecho de serlo, tienen un riesgo específico de exclusión social. Por eso una RGC sería especialmente adecuada para ellas. Resulta de vital importancia trabajar por su suficiencia económica y su empoderamiento con tal de conseguir una ruptura con la exclusión social en cualquiera de sus ámbitos.
Esto significa trabajar para la integración de las mujeres como seres humanos de pleno derecho en la sociedad. Naturalmente, las primeras medidas que se deben tomar son aquellas destinadas a cubrir las necesidades materiales básicas y esenciales de una manera universal y gratuita, es decir, el acceso a la educación y a la sanidad públicas, el acceso a la vivienda y el acceso al trabajo remunerado.
La ventaja de las medidas económicas tales como una RGC es que no sólo palía las situaciones de extrema vulnerabilidad sino que avanzan en el empoderamiento de las mujeres y en su reconocimiento social como ciudadanas de pleno derecho. La RGC dotaría de autonomía económica a las mujeres en riesgo de exclusión y, por tanto, de instrumentos para optar a decisiones más libres. La pobreza económica y la invisibilidad social han hecho que las mujeres no tengamos libertad real de opción en la vida y hayan aumentado las desigualdades.
Una RGC otorga, de entrada, una seguridad material, pero al mismo tiempo contribuye a paliar los efectos del paro y reducir la precariedad laboral al dar un cierto margen de elección a las mujeres trabajadoras sobre su futuro inmediato. Por otra parte, al tratarse de una renta personal, avanza en la visualización de las mujeres dentro de la estructura familiar tradicional, donde a menudo no se las tiene en cuenta en términos económicos. Por todas estas razones consideramos imprescindible el desarrollo y aplicación sin más dilaciones de una RGC en Cataluña tal como la define nuestro Estatuto. Las mujeres en situación de pobreza no pueden esperar más.
HACIA UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL
Los beneficios de una RGC para la sociedad y, en especial para las mujeres, son evidentes pero, a nuestro entender, son sólo un paso hacia un derecho que debería ser universal e incondicional: la Renta Básica Universal, los beneficios de la cual han sido analizados de forma amplia por otros autores en Sin Permiso, pero que creemos cabe destacar aquí. Los puntos en común entre ambas propuestas son evidentes, aunque una renta básica es universal, incondicionada y permanente a lo largo de la vida. La RGC sería, por tanto, un primer paso hacia nuestro objetivo. Se trata de avanzar en la misma dirección y poder proporcionar una vida digna, con derecho al trabajo, sí, pero sobre todo con derecho a la vida, para todos los seres humanos.
Artículo de Sara Berbel, doctora en Psicología Social, y Carme Porta, experta en comunicación y editora, publicado en SinPermiso.
Tratto da El Periodico 17 giguno 2013
