En las últimas semanas la iniciativa ciudadana europea (ICE) por una renta básica incondicional ha dado pasos importantes para avanzar en la recogida del millón de firmasnecesarias para su consideración por la Comisión Europea. La iniciativa fue registrada en enero de 2013 y tiene hasta el 14 de enero 2014 para conseguir su objetivo. Solo en fechas recientes sus promotores terminaron y activaron las herramientas online necesarias para su difusión -mejora del sitio web, cuentas en Twitter, Facebook y Youtube– y ampliaron el número de países -con versiones de la campaña en castellano-. Según consta en el registro de la Comisión, los objetivos de la iniciativa son los siguientes:
“Objeto:pedir a la Comisión que incentive la cooperación entre los Estados Miembros (según el artículo 156 TFUE) con el objetivo de explorar la Renta Básica Incondicional (RBI) como herramienta para mejorar sus respectivos sistemas de seguridad social.
Objetivos principales:a largo plazo, el objetivo es ofrecer a cada persona en la UE el derecho incondicional como individuo de tener sus necesidades materiales cubiertas para asegurar una vida digna tal y como se define en los tratados de la UE, y para fortalecer la participación en la sociedad con el apoyo de la introducción de la RBI. A corto plazo, la UE debería impulsar iniciativas tales como “estudios piloto” (art. 156 TFUE) y el examen de diferentes modelos de RBI (resolución del PE 2010/2039(INI) §44)”La manera en que está redactada la propuesta -que debe respetar las condiciones que se exigen para proponer una ICE- se debe a que la Unión Europea solo tiene competencias de apoyo en la materia, es decir, compete principalmente a los Estados miembro su regulación. Y, al igual que sucede con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago y la paralización de los desahucios, o la ILP extremeña sobre Renta Básica, existen pocas garantías de que gobiernos embarcados en una cruzada antisocial vayan a aceptar una propuesta popular en ese sentido. Sin embargo, lo sucedido con la ILP sobre dación en pago muestra cómo iniciativas de este tipo, cuando surgen desde abajo y se articulan con los movimientos, pueden ir más allá de la mera firma y contribuir a la lucha por una sociedad más justa.
Estratégicamente, lo importante aquí es la cuestión de quién define la agenda política: si los de abajo o los de arriba. Limitarse a resistir cada recorte, cada medida expoliadora, supone resignarse a que la agenda la confeccionen e impongan otros. Sobre todo si los parametros del debate político continúan siendo el crecimiento del PIB -aplazado en Europa por terapias de choque calificadas como “necesarias”- y la creación de empleo -cada vez más pobre y explotador para la mayoría. Por otro lado, añorar el status quo anterior a la intervención financiera nos hunde en la impotencia política e ignora las disfuncionalidades que condujeron al crac de 2008, incluyendo unas deficientes políticas sociales que en los años previos a la llamada crisis redistribuyeron poco y segmentaron mucho.
Solo se puede superar esta crisis sistémica de manera justa y democrática si exploramos de manera autónoma nuevos caminos y si transformamos nuestros marcos conceptuales. Según cómo se formule, del mismo modo que la dación en pago y el fin de los desahucios rompen con la lógica financiera dominante, la propuesta de un ingreso garantizado e incondicionado rompe con la lógica salarial de acceso a la renta -y a la ciudadanía- y con las políticas sociales que plantean la pobreza -no la acumulación de capital y poder- como elproblema.
Bajo el término “renta básica” se esconden diversas medidas y propuestas, desde las más liberales a las que se basan en el común. Muchas se confunden con transferencias monetarias no contributivas destinadas a aliviar situaciones de pobreza y condicionadas a contraprestaciones como la búsqueda activa de empleo. Estos subsidios funcionan como una deuda, en este caso social, cuando no se configuran con claros objetivos clientelistas. Otras ideas no son sino variantes de la llamada “flexiseguridad”. En fin, algunas, como sucede con el crédito tributario por ingreso del trabajo estadounidense, tampoco se articulan como un derecho sino que en el fondo sirven para subvencionar contratos basura, pues para su activación dependen de que los salarios que se cobren sean muy bajos.
La renta básica que aquí nos interesa es incondicional, universal y suficiente, es decir, que garantice a la población un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas para toda la población. Los organizadores de la ICE lo conciben como un derecho individual, en la línea del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”
Esta consideración como derecho humano no contenta a todo el mundo. Desde la izquierda se suele criticar que las personas con mayores ingresos puedan percibir también la renta básica. Sin embargo, no se cuestiona que los más ricos accedan hoy a la sanidad y educación públicas. “Que todo el mundo reciba la RB no quiere decir que todo el mundo gane. Los ricos pierden en las propuestas de financiación políticamente interesantes” (Daniel Raventós y Sergio Raventós). Obviamente, la renta básica conlleva una reformulación de la fiscalidad que asegure su financiación y la progresiva desaparición de subsidios condicionados. También debe ir acompañada de otras políticas: por ejemplo, sin una garantía de acceso a la vivienda -que no debe identificarse con la propiedad- se corre el riesgo de que esta necesidad absorba completamente los ingresos derivados de la renta básica.
Otras corrientes critican el estatismo que implica toda política social, aunque la renta básica supone muchos menos controles administrativos que las prestaciones tradicionales. Desde una perspectiva procomún, la garantía de acceso a la renta contiene importantes potencialidades, como la facilitación de la organización autónoma de los de abajo y, por tanto, de formas de vida y prácticas sociales no determinadas por el imperio de la propiedad privada. Esto es lo que más temen las fuerzas neoliberales. Cuando advierten del rechazo al trabajo -denuncia que ya hacen con el propio Estado de bienestar- es porque temen que una actividad humana libre no se someta a las condiciones de esa creación del Estado moderno conocida como “mercado de trabajo”. Por otra parte, la garantía de ingreso para todos reconocería el carácter social -biopolítico o polinizador- de la producción actual, frente a la identificación de la condición de trabajador y ciudadano con el empleo o la posesión de capital. Y liberaría tiempo para crear, cuidar, informarse, participar y disfrutar. En el caso de que finalmente llegara a reunirse un millón de firmas, la admisión a trámite de la ICE sobre la renta básica por la Comisión se produciría a pocos meses de laselecciones al Parlamento Europeo que se desarrollarán entre el 22 y el 25 de mayo de 2014. La ocasión es propicia para politizar unas elecciones por lo general anodinas que suelen conducir a mayorías parlamentarias conservadoras pero que al mismo tiempo se ven menos afectadas por las invocaciones al voto útil. Que hasta ahora la mayor parte de las firmas provengan de la Alemania de los “minijobs” debería hacernos reflexionar sobre las posibilidades, ahora sí, de una movilización paneuropea en torno a una idea muy simple. Esto no quiere decir que no haya mucho por discutir, que lo hay: umbrales de ingreso, financiación, tiempos de implantación, etc.
El deflacionismo neoliberal -que apunta a los ingresos de los de abajo- pretende contener la inflación de los reclamos democráticos que se había abierto en el período precedente. Volvamos a ser realistas y exigir lo imposible.
15/04/2013 El texto es de @Quilombosfera y se publicó originalmente aquí
