“La izquierda debería ver a la renta básica universal, con todas sus dificultades de implantación práctica, como el principal objetivo de una política reformista capaz de imponerse en una o dos legislaturas”. Así de contundente se muestra el jurista Luigi Ferrajoli, cuya última obra, Poderes salvajes. La crisis de la democracia italiana, Trotta, 2011, constituye una de las críticas más devastadoras al berlusconismo publicadas en los últimos años. Poco antes de su intervención en el encuentro “La utopía concreta de la renta básica” organizada por la Basic Income Earth Network en Roma hace una semana, declaraba en una entrevista a Roberto Ciccarelli publicada en Il Manifesto: “La crisis no deja alternativa: es imprescindible conseguir un ingreso para todos que garantice la igualdad y la dignidad de las personas. A diferencia de otros ingresos condicionados, una renta básica universal excluiría cualquier connotación caritativa, así como el estigma social que suponen las prestaciones ligadas a la falta de trabajo o a la pobreza. Ya lo he dicho en mi libro Principia Iuris: la renta básica es un derecho fundamental”.
Muchos analistas consideran que la renta básica es inviable porque cuesta demasiado
Ciertamente, la renta básica tiene un coste, pero los cálculos que se han realizado muestran que también supondría ahorros importantes. Un ingreso garantizado a todos por ley reduciría gran parte de los gastos derivados de la mediación burocrática, al menos de una parte de las prestaciones sociales hoy existentes. Asimismo, acabaría con las ineficiencias, las discriminaciones y la corrupción ligadas a un tipo de Estado social que condiciona las prestaciones mínimas a exigencias personales incompatibles con la libertad y la dignidad de los ciudadanos.
En mi opinión lo más importante es contrarrestar la ideología dominante en la derecha, y por desgracia también en la izquierda, según la cual los gastos en educación, salud o subsistencia son un coste insostenible. En realidad, estos gastos deberían verse como la más elemental y productiva de las inversiones. En Italia, el boom económico llegó conjuntamente con la construcción del derecho del trabajo, con la introducción del servicio nacional de salud y con el desarrollo de la educación universal. La crisis comenzó cuando se iniciaron los recortes en estos sectores. A los ojos de quien quiera ver, esto es una evidencia.
¿Cómo se pueden obtener los recursos necesarios para poner en marcha estas políticas?
A través de la política fiscal, que por otro lado debería reformarse de acuerdo al artículo 53 de la Constitución, que impone el carácter progresivo del sistema tributario. Una reforma fiscal digna de ese nombre debería prever tipos realmente progresivos. Hoy el tipo máximo es de un 43 por ciento, el mismo para quien tiene ingresos de cerca de 4.000 euros al mes y de quien, como Berlusconi, Marchionne y otros ejecutivos, ganan 100 veces más. Es una vergüenza. Cuando Berlusconi dice que no quiere meter las manos en los bolsillos de los italianos pienso sólo en los bolsillos de los ricos. Habría que introducir límites y tipos fiscales que excluyan desigualdades tan absurdas.
¿Cómo responde a quien piensa que la renta básica es un subsidio al desempleo?
Lo sería si solo se diera a los pobres y a los desempleados. La renta básica universal, por el contario, es una innovación rupturista, que cambiaría la naturaleza no ya solo del Estado social sino de la democracia, de la calidad de vida y del trabajo. En realidad, se trataría más de una garantía de libertad que de un derecho social. Provocaría la liberación del trabajo, y además, de trabajo. El trabajo, en efecto, sería el fruto de una elección libre y no una simple mercancía desvalorizada a placer por el capital.
Para reconocer la renta básica como derecho fundamental ¿Es necesaria una reforma constitucional?
No. Más bien se puede afirmar lo contrario: que el espíritu de la Constitución impone una medida de este tipo. Así se desprende de los principios de igualdad y dignidad previstos en el artículo 3. Pero también del artículo 42.2, que establece que las leyes deben regular la propiedad “con el objetivo de hacerla accesible a todos” Esta norma, como sostuvo un gran jurista del siglo pasado, Massimo Severo Giannini, prevé que todos dispongan de alguna propiedad, accesible precisamente a través de una renta o ingreso ciudadano. Y luego estarían las normas de derecho internacional, como el artículo 34 de la Carta de Niza o el artículo 25 de la Declaración universal de derechos humanos. En definitiva: es la actual situación del trabajo y del no trabajo, y no la renta básica, lo que contradice la legalidad constitucional.
¿La izquierda cree en esta propuesta?
No. Sin embargo, si la izquierda aspira a representar los intereses de los más vulnerables, como debería ser, este es un camino obligado. El derecho a una renta básica es hoy la única medida capaz de asegurar el derecho a la vida, entendido como el derecho a la supervivencia. Obviamente, hace falta también el compromiso de los sindicatos. La tradición sindical, sea comunista o socialista, se ha limitado a la tutela del trabajo. Hoy las garantías laborales han sido pulverizadas por unas leyes que han convertido en regla el trabajo precario y temporal, convirtiendo el trabajo a tiempo indeterminado en verdadera excepción.
Una izquierda digna de este nombre, en todo caso, debería restaurar la estabilidad de las relaciones de trabajo. Con la precariedad, de hecho, todas las garantías del derecho del trabajo han colapsado. Quien se ve obligado a afrontar una relación de trabajo que se renueva cada tres meses no puede luchar por sus propios derechos.
Sin embargo, en la medida en que una sociedad capitalista no puede garantizar a todos el derecho al trabajo, a menos que pervivan forman de trabajo precarias, la renta básica aparece también como un factor de reforzamiento de la autonomía contractual de los trabajadores. Una persona que apenas consigue sobrevivir está dispuesta a aceptar cualquier condición de trabajo. Un drama social de este tipo exige una respuesta ambiciosa.
Por lo que respecta al trabajo y al ingreso, ¿qué debería recoger un programa de izquierdas de cara a las próximas elecciones?
Exactamente lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora, incluso por parte de los gobiernos de centro-izquierda que en los años 90 contribuyeron a la disolución del derecho del trabajo. Hace falta volver a hacer del trabajo una actividad dotada de todos los derechos previstos en la Constitución y conquistados a través de décadas de lucha. Comenzando por el derecho a la estabilidad, que es claramente un meta-derecho sin el cual todos los demás resultan afectados. El trabajo, por otro lado, debe dejar de ser una simple mercancía. Desde esta perspectiva, la renta básica es una garantía esencial para su valorización y para su dignificación. En un Estado de derecho, es inaceptable que los poderes empresariales sean absolutos y salvajes. Marchionne [actual director ejecutivo del grupo Fiat, N.d.T] no puede chantajear a los trabajadores contra la Constitución, las leyes y los contratos colectivos, amenazando con deslocalizar la producción al extranjero. Una izquierda y un sindicato dignos de este nombre deberían comprometerse al menos con dos objetivos: la unificación del derecho del trabajo a escala europea, para evitar el dumping social, y la creación de sindicatos europeos. En un momento en el que el capital se internacionaliza, ¿no deberían hacerlo también las políticas sociales y los sindicatos?
Luigi Ferrajoli es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad de Roma III, y uno de los principales exponentes de la tradición garantista ilustrada y de la izquierda moderna. Acaba de publicar en Italia Principia iuris. Una teoria del diritto e della democrazia, (Laterza, 2008), una obra que promete ser un clásico de la cultura jurídica de comienzos de siglo.
Articolo pubblicato in italiano su Il Manifesto 8 giugno 2011
Traducción para www.sinpermiso.info de Gerardo Pisarello
